En la carta se afirma que, con arreglo a la legislación actual, los propietarios que no intenten desalojar a los inquilinos que infrinjan las leyes sobre drogas podrían enfrentarse a posibles acciones civiles, así como a acciones penales. Un propietario que ignore a sabiendas la actividad de un inquilino en relación con las drogas podría ser objeto de acciones penales en virtud de esta ley.
Una vez que se realiza una detención o se emite una orden de registro de sustancias controladas en una dirección concreta, la Fiscalía, con la ayuda de los departamentos de policía estatales y locales, localizará al arrendador propietario del inmueble. El propietario será notificado de la actividad de drogas del inquilino en su propiedad.
Esta iniciativa ha demostrado su eficacia a la hora de mejorar la comunicación y la confianza entre los propietarios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.